Duros enfrentamientos entre el Gobierno y las derechas por la situación en el campo

De nuestra redacción en Madrid. El debate parlamentario de hoy en las Cortes españolas ha sido una sesión muy tensa, centrada específicamente en la situación del campo y el orden público. Ha durado 12 horas y ha estado marcada por una profunda polarización entre el Gobierno del Frente Popular y la oposición de derechas.

El diputado José María Cid, en representación del Grupo Bloque Agrario, solicitó interpelar al ministro de Agricultura, Mariano Ruiz-Funes, y al de Trabajo, Enrique Ramos Ramos, y denunció lo que consideraba una situación «desastrosa» en el campo, caracterizada por la ocupación ilegal de fincas, y la paralización de las faenas agrícolas por la ineficacia de la Reforma Agraria que creaba inseguridad jurídica y desincentivaba la inversión y la producción. Con un lenguaje muy duro, realizó una exposición cruda de la parálisis económica que, según él, vivía el sector primario, y describió una España dividida donde la ley ya no imperaba.

Como respuesta, los diputados socialistas y otras facciones del Frente Popular presentaron una proposición para evitar la interpelación, argumentando que las críticas de la derecha buscaban sabotear la Reforma Agraria y desacreditar al Gobierno. El ministro Ruiz-Funes, de Izquierda Republicana, adoptó un tono más técnico y defensivo, pero firme en la ideología del Gobierno. Su argumento principal fue que la crisis no la causaba la ley, sino la resistencia de los propietarios. «No es el Gobierno quien crea el conflicto, es la estructura injusta de la tierra en España», aseguró.

Ángel Galarza, diputado del sector más radical del Partido Socialista, fue más duro y advirtió a las derechas sobre su responsabilidad de la violencia en el campo. «Ustedes vienen aquí a traer estadísticas de muertos para justificar una sublevación. Pero sepan que si el campo arde, es porque ustedes lo han tenido seco de justicia durante siglos», aseveró.

La redistribución de tierras

El debate giró en torno al fracaso o éxito de la redistribución de tierras. Mientras la izquierda defendía la necesidad de las expropiaciones para acabar con el latifundismo, la derecha denunciaba el caos y la violencia en su ejecución. Además, se discutió intensamente sobre las huelgas generales y la incapacidad de la fuerza pública para garantizar el trabajo en las explotaciones agrícolas.

En este sentido, el líder de la CEDA, José María Gil-Robles, pronunció un discurso catastrofista donde enumeró actos de violencia ocurridos bajo el mandato del Frente Popular, citando cifras de muertos, heridos e iglesias destruidas para demostrar el colapso del orden público.