Las Cortes aprueban la nueva Ley de Orden Público que deja atrás la del bienio negro

De nuestra corresponsal en Madrid. Las Cortes de la República dan por cerrada una de las discusiones más delicadas de la legislatura. Con escasa presencia de diputados en los escaños, pero con las tribunas animadas y expectantes, se abrió la sesión bajo la presidencia de Martínez Barrio. Entre los asuntos del orden del día quedó definitivamente aprobada la reforma de la Ley de Orden Público, que pasa a denominarse Ley para garantizar el orden público y el ejercicio de los derechos individuales.

No se trata de una mera corrección de estilo ni de un retoque administrativo. La Cámara deja atrás la ley de 1933, tantas veces utilizada como instrumento de excepción, para dotar a la República de un marco legal que, sin renunciar a la defensa del orden, reconozca y ampare las libertades públicas conquistadas. La votación afecta no solo a una norma concreta, sino a una determinada concepción de la autoridad del Estado y de su relación con los derechos individuales.

La sesión parlamentaria ha tenido una intensa carga política y emocional. En el ambiente de la Cámara resuenan las palabras pronunciadas por Dolores Ibárruri, la Pasionaria, al recordar al periodista Luis de Sirval, asesinado en Asturias. Su nombre, unido al de los pueblos que sufrieron la represión, fue acogido con una ovación que marcó el tono del debate y subrayó la sensibilidad existente en torno a las libertades públicas y al papel de la prensa.

Intento de freno de la oposición

La oposición intentó frenar o desvirtuar el avance legislativo mediante votos particulares y largas intervenciones que no ocultaban su propósito obstruccionista. Desde los escaños de la CEDA se habló de ataques al poder judicial y de intenciones políticas inconfesables. La mayoría del Frente Popular respondió con firmeza, defendiendo que la República no puede seguir tolerando leyes heredadas del bienio negro ni magistraturas sometidas al caciquismo. Uno tras otro, los intentos de mantener la vieja legislación son rechazados mediante votación nominal.

Con la aprobación definitiva de esta reforma, el Parlamento cierra una etapa y abre otra cargada de incertidumbres. La Ley, por sí sola, no resuelve los profundos conflictos sociales que atraviesan el país, pero establece un marco legal que aspira a garantizar la convivencia.