La huelga de marineros españoles en Inglaterra llega a las Cortes

De nuestra corresponsal en Madrid. Desde los puertos atlánticos de Canarias, donde la navegación constituye uno de los pilares de la vida económica, se sigue con vivo interés el debate suscitado en las Cortes a propósito de la huelga declarada por tripulaciones españolas en Workington, puerto del norte de Inglaterra. Según los informes oficiales remitidos desde la Embajada de España en Londres, varios buques españoles han quedado inmovilizados al declararse en huelga sus tripulaciones, que reclaman el cumplimiento de la ley laboral promulgada el primero de mayo y el abono de atrasos salariales.

El incidente registrado en Workington ha dado origen a un ruego parlamentario que acaba convirtiéndose en interpelación al Gobierno. Lo que en principio aparece como un conflicto laboral propio del trabajo en la mar adquiere dimensión política al trasladarse al hemiciclo.

Se trata de una reivindicación frecuente entre los marineros de las líneas atlánticas, en las que es habitual la presencia de hombres procedentes de los puertos canarios. El reducido tamaño del puerto de Workington y la paralización de las faenas motivan la intervención de las autoridades locales, que instan a la salida de los buques. Ante esta situación, el Gobierno español ha rechazado que se adelanten fondos por parte del Reino Unido y dispone el envío directo de las cantidades reclamadas, con lo que se logra restablecer la normalidad y facilitar el regreso de las tripulaciones.

Desde el banco del Gobierno se ha sostenido que el orden se ha mantenido en todo momento y que no se han producido incidentes de gravedad. El conflicto es presentado como una huelga corriente, resuelta por los cauces diplomáticos habituales, sin menoscabo del prestigio nacional.

La oposición, sin embargo, apoyándose en informaciones de la prensa inglesa, ha ofrecido una versión distinta de los hechos y ha sostenido que la intervención de las autoridades británicas tiene un alcance mayor del reconocido oficialmente. Esta discrepancia ha dado lugar a un intercambio de argumentos que llevan a la Presidencia de la Cámara a admitir la cuestión como interpelación formal.

Eco en los puertos canarios

Concluido el debate, el Gobierno reiteró que los únicos datos fidedignos son los contenidos en los informes oficiales y adviertió de la inconveniencia de exagerar unos hechos que, a su juicio, no han tenido consecuencias graves. La oposición reafirmó su derecho a fiscalizar la actuación del Ejecutivo en asuntos que afectan al nombre de España en el exterior.

Desde Canarias, donde la mar es oficio y destino, el episodio se interpreta como una muestra más de la estrecha relación entre el trabajo de los marineros y la política nacional. Incluso cuando los sucesos tienen lugar lejos de las Islas, su eco alcanza con fuerza a estos puertos atlánticos, siempre atentos a cuanto ocurre en las rutas que unen España con el mundo.