El debate sobre la recuperación de tierras comunales centra la sesión en el Congreso

Madrid. La última sesión de las Cortes ha estado marcada por el debate del Proyecto de Ley de Rescate y Readquisición de Bienes Comunales. Según informa nuestra redactora en Madrid, el ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, centró su discurso exclusivamente en los terrenos comunales (de uso vecinal gratuito), ignorando los «bienes de propios» (tierras municipales que el Ayuntamiento alquila para financiarse), a pesar de que ambos tipos de suelo están incluidos en el texto de la ley.

El vacío sobre los bienes de propios

La oposición de derechas detectó rápidamente esta omisión. Durante su intervención, Antonio Álvarez Robles, de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), exigió a Ruiz Funes que aclarara «de forma concreta el alcance real que el Gobierno da a este proyecto de ley», pero no obtuvo respuesta. El ministro se limitó a señalar que se ceñía estrictamente al texto legal escrito, evitando confirmar explícitamente si los bienes de propios quedarían finalmente protegidos por la nueva norma.

Por su parte, Ángel Pestaña, del Partido Sindicalista, apoyó la propuesta argumentando que «esta y otras reformas son urgentes para que la República sea una realidad social y no un simple nombre en las fachadas de los edificios públicos y en las cabeceras de la prensa».

Pestaña atacó el legado de la Monarquía, afirmando que «el antiguo régimen buscó destruir la base económica de los municipios y, en gran medida, lo logró», al tiempo que sentenció el fracaso del modelo económico puramente individualista. «Esta ley para recuperar el suelo comunal es más una medida de protección conservadora que una propuesta revolucionaria; por eso resulta incomprensible que las derechas la ataquen tanto».

«No buscamos hacer política con la miseria del pueblo, sino devolver a los ayuntamientos los recursos económicos mínimos para subsistir. El Estado central debe delegar muchas de sus competencias actuales en los municipios. Es inútil presumir de una España grande y gloriosa mientras el hambre golpea a tantos ciudadanos. Apliquemos esta ley para solucionar la crisis actual», concluyó el diputado sindicalista.

Función social de la tierra

El ministro de Agricultura respondió a los portavoces admitiendo que «en una reforma de este calibre es posible que se cometa alguna injusticia puntual con propietarios particulares, pero el objetivo prioritario es resolver un problema social general». Ruiz Funes recordó que, bajo el artículo 44 de la Constitución republicana y las nuevas corrientes del derecho, «la propiedad privada ya no es un derecho absoluto e ilimitado del dueño, sino que está sujeta al interés público».

Asimismo, el ministro aclaró que «la tradición legal española siempre ha considerado los bienes comunales como patrimonio público». De hecho, recordó que tanto la Ley de Reforma Agraria como la de Arrendamientos ya se refieren a estos suelos comunales y a su explotación bajo el concepto moderno de «patrimonio rústico municipal».

Ruiz Funes finalizó su defensa con contundencia: «Buscamos consolidar un nuevo concepto del derecho de propiedad que ya reconocen las leyes de los países más avanzados, devolviendo a los municipios españoles una función histórica que les fue arrebatada. Para esta tarea, que es profundamente democrática, solicito el apoyo de todos los grupos».

Tras los turnos de réplica, Luis Jiménez de Asúa, que presidía la sesión en ese momento, dio por concluido el debate general sobre el dictamen de las tierras comunales.