Comienzan las deliberaciones de los recursos de amparo sobre readmisión de obreros despedidos

Madrid. Nuestra redactora en la capital informa de que el Pleno del Tribunal de Garantías se ha reunido para empezar a deliberar acerca de los recursos de amparo con motivo del decreto de 29 de febrero sobre la readmisión de obreros despedidos.

Los recursos que comenzaron a discutirse fueron los presentados por José Noguera Bonorat, ceramista de Valencia, y Eusebio Bertrand Serra, propietario de una fábrica de tejidos de Barcelona. Los ponentes en estos recursos fueron Eduardo Martínez Sabater y José Manuel Pedregal.

En primer lugar, el tribunal acordó que todos los recursos presentados, que cifran en más de 50, pasen a la resolución del pleno. Y a continuación, Martínez Sabater y Pedregal se pronunciaron por la admisión de los recursos, aunque por razones distintas.

El primero de ellos explicó que el decreto infringe el artículo 28 de la Constitución -el que prescribe que nadie podrá ser condenado por ley posterior a la perpetración del hecho que dé motivo a la sanción-.

Por su parte, Pedregal argumentó que ese artículo tiene exclusivamente carácter penal y no es de aplicación a la legislación contractual, que se rige por normas de derecho social. Y estimó que procede su admisión por infracción del artículo 33, en virtud del cual cualquier limitación de la libertad de industria y comercio ha de establecerse por ley.

Durante la discusión, se trató primero la posible vulneración del artículo 28 y Carlos Martín Álvarez la afirmó, concluyendo que, en todo caso, «la aplicación del decreto debía correr a cargo de los jurados mixtos, creados por Francisco Largo Caballero, y no por una comisión especial».

Además, se hizo hincapié en que, si no se diera tal alcance general al artículo 28, «quedarían sin garantías procesales todos los derechos de los ciudadanos, lo mismo de los patronos que de los obreros, salvo en el orden estrictamente penal».

Discrepancias sobre las obligaciones de los patronos

Y se hizo patente la diferencia que existe «entre lo establecido en la ley y las prescripciones del decreto en cuanto a las obligaciones que tienen los patronos en caso de despido que se declare ilegal».

A esta tesis se opuso el socialista Jerónimo Bugeda, que invocó el carácter «protector del obrero que tiene la Constitución de la República. No puede considerarse infringido su artículo 28, después de establecer un parangón entre la comisión que por aquel decreto se crea y otros organismos como los juzgados especiales».

En definitiva, y tras un amplio intercambio de impresiones, Bugeda manifestó a los periodistas que no se adoptaron acuerdos y que mañana viernes, 3 de julio, continuará la sesión.