Arranca el debate sobre el proyecto de ratificación y ampliación de amnistía del 21 de febrero

Madrid. En la última sesión de la Cámara ha tenido lugar el dictamen de la Comisión de Justicia sobre el proyecto de ley ratificando y ampliando el decreto de amnistía del 21 de febrero de 1936.

Nuestra compañera en Madrid informa de que el primero en tomar la palabra fue José Cimas Leal (CEDA), que impugnó el proyecto aunque dijo no oponerse a la concesión de la amnistía, dejando al Gobierno el momento de promulgar la ley. «Lo que no admito es que la amnistía no sea general, que pierda su carácter de gesto magnánimo hacia el vencido y se dedique solo a los amigos del vencedor», añadió el cedista.

La respuesta no se hizo esperar. El socialista Luis Rufilanchas le recriminó preguntándole: «¿Cómo no os acordasteis vosotros de los sindicalistas?».

En ese momento Cimas Leal anunció que iba a hablar sobre la fecha tope, explicando que le parecía bien que se fijara una fecha pero pidiendo que se modificara «de la misma forma que hicieron las derechas en 1934».

A lo que tanto el ministro de Justicia, Manuel Blasco Garzón, como el antes mencionado Luis Rufilanchas le recordaron al orador de la CEDA que «la amnistía concedida no es más que el cumplimiento del compromiso electoral del Frente Popular».

Posteriormente, el presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio, quiso saber si a Cimas Leal le quedaba mucho por decir y, cuando este contestó afirmativamente, aquel suspendió el debate, añadiendo: «queda su señoría en el uso de la palabra para cuando se reanude». Y pasaron a otros asuntos.

El escándalo del estraperlo

En otro orden de asuntos, el presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio, ha dado cuenta de los nombres facilitados por los distintos grupos parlamentarios para formar parte de la Comisión de 21 diputados encargada de acusar ante el Tribunal de Garantías al ex ministro de la Gobernación, Rafael Salazar Alonso.

Hay que recordar que fue uno de los implicados, el pasado otoño, en el escándalo del estraperlo -había firmado el permiso para la instalación del juego en los casinos de San Sebastián y Formentor-, hecho por el que dimitió como alcalde de Madrid en octubre de 1935.

La minoría de Acción Popular ha renunciado a formar parte de dicha Comisión y el socialista Ángel Galarza solicitó que «esos puestos que declina la CEDA sean cubiertos por diputados de la oposición. No queremos que digan que se les restringe su derecho en lo más mínimo».

Martínez Barrio ha estado de acuerdo y ha confirmado que la Presidencia se pondrá al habla con los grupos de la oposición para que nombren a esos representantes.