Tenso debate en las Cortes sobre la ratificación y ampliación de la amnistía

De nuestra corresponsal en Madrid. Tensa sesión en las Cortes con la reanudación del debate sobre el dictamen de la Comisión de Justicia acerca del proyecto de ley que ratifica y amplía el decreto de amnistía de 21 de febrero de este año, aprobada por decreto de urgencia por el gobierno del Frente Popular nada más ganar las elecciones. La amnistía va dirigida a los implicados en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en Asturias y en la proclamación del Estado Catalán. Sin embargo, para que sea definitiva y cubra ciertos flecos jurídicos, las Cortes deben ratificarla.

El punto de fricción está en que el nuevo proyecto no solo ratifica lo anterior, sino que amplía la amnistía a delitos comunes cometidos con «intencionalidad política» o en el contexto de huelgas y desórdenes.

El diputado socialista y jurista, Jiménez de Asúa, fue el encargado de defender el dictamen argumentando que la amnistía debe ser total para cerrar las heridas del «bienio negro», y defendió que muchos actos considerados «delitos comunes» (como ocupaciones de tierras o altercados en huelgas) eran en realidad actos de desesperación política y debían ser perdonados. Además, señaló que los jueces estaban interpretando el decreto de febrero de forma muy restrictiva, por lo que era necesaria una ley más amplia que no deje margen de error a la «justicia reaccionaria».

La respuesta de las derechas de la CEDA y el Bloque Nacional ha sido la de dibujar un cuadro apocalíptico y defender la amnistía de 1934, que según Jiménez de Asúa «no fue un acto de paz sino de guerra pues no fue más que un pretexto para liberar a los insurrectos monárquicos de agosto de 1932», el primer intento de golpe de Estado militar contra la Segunda República Española, liderado por el general José Sanjurjo.

Argumentan las derechas que ampliar la amnistía a delitos con «intencionalidad política» era dar carta blanca para el asesinato y el robo, siempre que el autor dijera que lo hacía por sus ideales. Y denuncian que mientras se amnistiaba a quienes atacaban a la Guardia Civil, se perseguía a los agentes que intentaban mantener el orden. Se acusó al Gobierno de estar dictando una «ley de guerra» contra la mitad de España, donde el delincuente era premiado si pertenecía al Frente Popular.

Ambiente de tensión

La sesión se produjo en un ambiente de gran crispación, con interrupciones constantes y numerosos reproches, porque además se produce en medio de una ola de asesinatos cruzados en las calles de Madrid y de otras ciudades. Mientras Jiménez de Asúa habla de «generosidad republicana», la derecha le recuerda que él mismo había sufrido un atentado y que el país estaba al borde de la guerra.

El debate terminó confirmando que el diálogo parlamentario estaba roto: la izquierda ve la ley como una victoria de la soberanía popular y la derecha como la claudicación final del Estado de Derecho.