En Francia son disueltas las organizaciones fascistas

París. Nuestro corresponsal en Francia, Felipe Guerra, informa de la aprobación por parte del Gobierno galo de una serie de decretos y proyectos de ley de gran alcance político y económico, entre los que destacan la disolución de las organizaciones fascistas, la reforma de los estatutos del Banco de Francia y la aprobación de los contratos colectivos de trabajo.

El Consejo de Ministros presentó a la firma del presidente de la República, Albert Lebrun, los decretos por los que quedan disueltas diversas organizaciones derechistas, entre ellas los Cruces de Fuego, Solidaridad Francesa, los Francistas y las Juventudes Patrióticas, al considerarse que, pese a los cambios de denominación adoptados en los últimos meses, mantienen su carácter y organización de tipo paramilitar. Los decretos establecen que cualquier intento de eludir la disolución mediante un nuevo cambio de nombre será igualmente sancionado.

Posibles recursos

Al mismo tiempo, el ministro del Interior, Salengro, presentó los decretos relativos a la disolución de las formaciones paramilitares, que reciben la aprobación del Consejo. Se prevé que algunas de las organizaciones afectadas recurran estas medidas ante el Consejo de Estado.

En el orden económico, el ministro de Hacienda, Vincent Auriol, expuso ante el Consejo las líneas generales del discurso que pronunció en la Cámara sobre la situación financiera. El Gobierno le autoriza a presentar los proyectos destinados a defender la moneda, combatir el fraude y modificar los estatutos del Banco de Francia, con el fin de garantizar los intereses económicos del país. Estas reformas permiten la representación de las corporaciones profesionales, de la C.G.T. (Confederación General del Trabajo) y de los grupos industriales en el Instituto de Emisión.

Sanciones por ocultación de capitales

Asimismo, se presentaron proyectos relativos a la organización de la contabilidad pública, al refuerzo de las sanciones por ocultación de capitales franceses en el extranjero, previendo, bajo determinadas condiciones, una amnistía fiscal y a la reorganización del Banco de Francia. El presidente de la República aprueba igualmente el proyecto de creación de la Oficina Nacional del Trigo.

Por otra parte, el Senado aprobó la ley de contratos colectivos por 279 votos contra cinco. La norma establece que dichos contratos podrán aplicarse al conjunto de la profesión y de la región, e incluso a todo el territorio nacional, y se decide, a propuesta del jefe del Gobierno, que sea extensiva a Argelia, las colonias y los protectorados, en las condiciones fijadas por los decretos correspondientes. Seguidamente, el Senado inicia la discusión del proyecto que implanta la semana laboral de 40 horas.

Finalmente, el Consejo de Ministros se ocupa también de la situación de los comerciantes cuyos vencimientos se hallan paralizados a consecuencia de la crisis.