Tensión en Ginebra: Gran Bretaña propone levantar las sanciones contra la Italia fascista

Ginebra. Nuestra corresponsal en Suiza, Carmen Marrero, nos informa de que la situación planteada en Ginebra hunde sus raíces en la guerra emprendida por la Italia fascista contra Etiopía en 1935, conflicto que lleva a la Sociedad de Naciones a declarar a Italia estado agresor e imponer sanciones económicas como defensa del principio de seguridad colectiva. La aplicación de estas medidas, discutida desde sus inicios por su eficacia y alcance, deriva en un debate sobre su supresión en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas en Europa.

El Gobierno inglés acuerda proponer en Ginebra la abolición de las sanciones. La decisión es adoptada por unanimidad en el seno del Gabinete reunido en Londres, quedando establecido que el ministro de Negocios Extranjeros, Anthony Eden, formule una declaración en la Cámara de los Comunes pronunciándose en favor de la supresión de dichas medidas. Inglaterra se muestra dispuesta a tomar la iniciativa en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, alegando la necesidad de restablecer el funcionamiento de la seguridad colectiva en Europa.

Respaldos y reservas

La posición británica parece contar con el respaldo de varios dominios. Canadá, Australia y Nueva Zelanda no formulan objeciones a la derogación de las sanciones ni a una modificación de las cláusulas punitivas del Covenant. Francia, por su parte, hace saber que seguirá la decisión de la mayoría de la Asamblea. En sentido contrario, el Gobierno de la Unión Sudafricana, por boca del general Hertzog, reitera su fidelidad a la política de sanciones y su voluntad de sostener a la Sociedad de Naciones, rechazando cualquier abandono de Ginebra por temor a la actitud de otros Estados.

Italia eleva sus exigencias y no se contenta con el simple levantamiento de las sanciones, condicionando una eventual cooperación europea a la renuncia del principio de no reconocimiento de las situaciones creadas por la guerra. Desde Buenos Aires, el Gobierno argentino anuncia que sostendrá en la Asamblea el ideal internacional y el derecho de todos los Estados a participar en las deliberaciones fundamentales, preparando esta acción en acuerdo con otros países americanos.

En Londres, una parte de la prensa advierte de que la política del Gobierno puede conducir a una situación más grave que la creada por el plan Laval-Hoare y anuncia profundas tensiones en la opinión pública.