El Gobierno expulsa del Ejército a los generales traidores

Madrid. La soberanía del Estado ha quedado reafirmada con la publicación de los decretos firmados ayer por el presidente de la República, Manuel Azaña, y el ministro de la Guerra, Luis Castelló. Mediante estas disposiciones legales, se hace efectiva la expulsión inmediata y definitiva de aquellos mandos militares que, faltando a su juramento de fidelidad, han dirigido sus armas contra el régimen legítimo.

Los cabecillas, fuera de la ley

El decreto principal detalla la separación del servicio de los generales de brigada Francisco Franco Bahamonde y Emilio Mola Vidal, señalándolos como responsables directos del movimiento sedicioso en Canarias y Navarra, respectivamente. Asimismo, se decreta la destitución de los generales Cabanellas, Goded, Saliquet y Queipo de Llano, quienes pierden todos sus honores, empleos y el derecho a percibir cualquier tipo de paga o pensión del Tesoro Público.

Nuevos mandos de confianza

Para cubrir los vacíos dejados por la traición, el Gobierno ha procedido al nombramiento de militares de probada lealtad republicana. El general Miaja asume responsabilidades críticas en la defensa de la capital, mientras que se refuerza la cadena de mando en las unidades de Aviación y Marina que han permanecido fieles a las instituciones.
Advertencia a la oficialidad

El Ministerio de la Guerra ha recordado que cualquier oficial o suboficial que continúe obedeciendo órdenes de los generales destituidos incurre en un delito de rebelión militar. Se insta a los soldados a desconocer la autoridad de estos exgenerales y a ponerse a disposición de las milicias y fuerzas leales para restablecer el orden constitucional en todo el territorio nacional.