El Estado se incauta de la Compañía Trasmediterránea, afecta a la sedición

Madrid. El Ministerio de Comunicaciones y Marina Mercante ha aprobado un decreto de gran relevancia. Ante la gravedad de las circunstancias presentes, el Gobierno de la República ha resuelto la incautación provisional, por causa de interés público, de la Compañía Trasmediterránea, así como de todo su capital y almacenes.

El abandono de servicios y la sombra de Juan March

La medida obedece a la actitud de la Dirección de dicha Sociedad que, según el texto ministerial, ha abandonado de hecho los servicios públicos encomendados. Se señala directamente que los órganos rectores de la empresa han actuado en connivencia con el movimiento sedicioso, dejando al Estado en la precisión de utilizar sus propios medios para localizar los buques y restablecer las comunicaciones con el Archipiélago canario y el Protectorado.

En los círculos políticos se vincula esta deserción a la influencia de don Juan March, accionista principal de la entidad y de cuya hostilidad hacia el régimen republicano se tiene sobrada constancia. Se afirma que la paralización de la flota mercante formaba parte de un plan preconcebido por los intereses financieros ligados al banquero mallorquín para asfixiar las comunicaciones de la República.

Militarización de las dotaciones

A fin de asegurar la disciplina y el cumplimiento de las órdenes gubernamentales, el decreto dispone que el personal de los buques pase a formar parte de la Reserva Naval. El Estado asume directamente la gestión de la navegación, nombrando directores afectos al régimen para garantizar que el transporte de víveres y pertrechos no sufra más interrupciones por las maniobras de los antiguos propietarios.