España ante una hora crítica: el Gobierno extrema las medidas de rigor tras los asesinatos de Castillo y Calvo Sotelo

Madrid. La capital de la República ha vivido en las últimas 24 horas la jornada de mayor tensión desde los sucesos de febrero. Al vil asesinato del teniente de Asalto don José del Castillo, ocurrido en la noche del domingo, ha sucedido la trágica muerte del diputado y jefe de Renovación Española, don José Calvo Sotelo, cuyo cadáver fue hallado en el cementerio de la Almudena.

Desde entonces el presidente del Consejo y Ministro de la Guerra, señor Casares Quiroga, junto al ministro de la Gobernación, señor Moles, ha mantenido una actividad incesante. En una nota oficial facilitada a la prensa, el Gobierno ha expresado su más enérgica condena por ambos crímenes, asegurando que se han puesto «todas las fuerzas necesarias» para el esclarecimiento de los hechos y la detención de los culpables, sin distinción de filiaciones.

Como medida inmediata para preservar la paz pública, el gobernador civil de Madrid, don Francisco Carreras Reura, ha confirmado la vigencia reforzada del Estado de Alarma en todo el territorio. Bajo este palio legal, las fuerzas de seguridad han procedido a la clausura de las sedes políticas de la derecha y a la suspensión de varios diarios de oposición para evitar la propagación de rumores alarmistas. Asimismo, se ha anunciado la suspensión de las sesiones parlamentarias durante una semana.

Instrucciones para el esclarecimiento de los hechos

«El Consejo de Ministros, ante los hechos de violencia que han culminado en la muerte del oficial de Seguridad señor Castillo y el diputado a Cortes don José Calvo Sotelo, hechos de notoria gravedad y cuya execración tiene que formular con las más sinceras y encendidas protestas, se cree en el caso de hacer una declaración pública en el sentido de que procederá inmediatamente, con la mayor energía y la severidad más clara, dentro de los preceptos de la Ley de Orden público, a tomar todas aquellas medidas que demandan la necesidad de mantener el espíritu de convivencia entre los españoles y el respeto elemental a los derechos de la vida humana», reza la declaración.

El Gobierno afirma su propósito decidido a utilizar todos los recursos de la Ley de Orden Público, sin distinción de ninguna especie, aplicándolos con la intensidad necesaria allí donde el mal se produzca y sea cualquiera la filiación de sus autores o de sus inspiradores.

Inmediatamente será publicado el oportuno bando en que se haga constar esta medida, reproducción exacta de los preceptos legales, y al propio tiempo impulsará y acelerará la investigación judicial de los hechos ocurridos, a cuyo efecto han sido designados, como jueces especiales que entiendan en los sumarios que se instruyen, dos magistrados del Tribunal Supremo.

Múltiples detenciones

«Incuestionablemente existe una gran mayoría de españoles amantes de la legalidad republicana, que no se asustan por el progreso de las disposiciones legislativas y que contemplan con tranquilidad toda obra de justicia social. Estos españoles sólo desean que la obra se ejecute en paz y que su resultado se aprecie como una contribución al progreso de la vida nacional. A la serenidad de ellos acude el Gobierno en estas horas en que en nuestras manos, en las de todos, está el depósito de nuestra civilización; y contando con este concurso imprescindible tiene la evidencia de que logrará imponer la ley a unos y a otros para que no triunfe por encima del designio de la República la obra perturbadora de tantos exaltados», finaliza la declaración.